Reforma Fiscal: Planes de pensiones a medida

Via EL Economista

Entre las propuestas que estudia el Comité de Sabios que asesora al ministerio de cara a la reforma fiscal, se encuentra la posibilidad de crear una cuenta jubilación al estilo de Estados Unidos o Reino Unido. Sería una herramienta que permita al ahorrador incluir todo tipo de productos financieros¡y que cualquier trasvase entre estos esté exento de tributación si se mantiene dentro de la cuenta hasta la jubilación.

Algo así como si cada ahorrador pudiese diseñar su propio plan de pensiones a medida. Con la salvedad de que, en este caso, Hacienda pretendía dejar fuera a las acciones de bolsa. "La idea en principio es buenísima. Ahora bien, si excluyen las acciones de bolsa, la idea se cae por su propio peso", afirma Fernando Luque, senior editor de Morningstar. "No se puede poner una restricción sobre un activo en concreto, como las acciones, porque no tiene fundamento", apunta Ana Hernández, de CFA Spain.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que no está entre las prioridades de Montoro dar un paso adelante en este sentido. Si primero se filtró a la prensa que la comisión de expertos fiscales del Gobierno tenía entre sus propuestas la de subir el IVA, cosa que el propio ministro desmintió que vaya a plantearse, parece que tampoco entra en sus planes la creación de la cuenta jubilación, o retocar las ventajas fiscales de los planes de pensiones.

Actualmente, una vez que un ahorrador comienza a hacer aportaciones, sólo puede rescatar el dinero en caso de jubilación, desempleo de larga duración, enfermedad grave o desahucio. Y entre las reivindicaciones del sector de la gestión de planes de pensiones, se encuentra la de permitir que se puedan ir rescatando las cantidades aportadas una vez transcurridos 10 años.

Facilitar la salida del dinero ahorrado en caso de necesidad incentivaría más el ahorro de cara a la jubilación en un país en el que las pensiones ya no cubrirán el 81,2% de los salarios, como hacían antes de la reforma que llevó a cabo el Gobierno, según un informe de KMPG. Un porcentaje que, tras la reforma se reduce, según la firma de consultoría, al 73,9% y que, según el observatorio Caser de pensiones debería caer más. "Lo que es sostenible a largo plazo es un 60% de tasa de sustitución", indican. De hecho, en los países pertenecientes a la OCDE, las pensiones cubren, de media, poco más de la mitad del salario de los trabajadores (un 57,3%).

Las grandes gestoras reclaman un modelo que solucione el problema del ahorro para la jubilación. El presidente de Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva), Mariano Rabadán, propone la alternativa de "las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas, en las que a los diez años de hacer la primera aportación ya puedes disponer, no sólo de esa aportación sino de todas".

Únicamente está previsto un pequeño avance para fomentar el ahorro para la jubilación, como ya anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, bajar las comisiones -a veces abusivas- que cobran algunos planes de pensiones. De hecho, los planes son de media un 25% más caros que los fondos de inversión.

"España es el único país del mundo que tiene comisiones máximas en fondos de inversión y planes de pensiones", afirmaba Mariano Rabadán, presidente de Inverco.

Con el objetivo de impulsar el ahorro a la jubilación en un país que ha consumido 11.648 millones de la caja de la Seguridad Social el año pasado para hacer frente al pago de las pensiones (quedan 53.744 millones), el ministerio de Economía quiere con la Ley Financiera que está prevista para febrero, obligar a que las gestoras reduzcan hasta el 1,5% las comisiones máximas. Pero los pasos del Gobierno para incentivar el ahorro para la jubilación terminan ahí.

Leer más:  Reforma fiscal: no se incentivará el ahorro para la jubilación para cumplir con el déficit - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/5503519/01/14/Hacienda-aplaza-la-cuenta-jubilacion-para-cumplir-con-el-objetivo-de-deficit-.html#Kku8wUsSctsa6bP8

La Defensora admite a trámite las quejas de la declaración del IVA

Via El Mundo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dado instrucciones para que se admitan a trámite todas las quejas de los contribuyentes que llegan sobre la obligación impuesta por la Agencia Tributaria de tener que realizar la declaración del IVA por vía telemática.

Según fuentes de esta institución «las estamos admitiendo a trámite porque algo vemos» que no se ha hecho bien. «Hemos abierto un proceso informativo y estamos dando traslado a la Agencia Tributaria de las quejas de los ciudadanos».

Estas quejas, unido a las colas en busca de información y de ayuda en las administraciones, se suman a las que ya se están presentando ante la propia Hacienda al suprimir, de golpe, la declaración por papel de momento del Modelo 390, correspondiente al resumen anual del IVA de 2013, que tendrá que ser presentado antes de fin de mes.

Los pequeños autónomos

La mayor parte de estas quejas, cuyo número se desconoce porque «siguen llegando», proceden de pequeños autónomos. Y, sobre todo, de contribuyentes de edad avanzada y arrendadores de locales comerciales que no disponen de ordenador para realizar la declaración, que el que tienen no reúne las especificaciones exigidas, que no entienden la aplicación ni saben descargársela o que no disponen de móvil para recibir un SMS con un Pin de 24 horas para realizar los trámites on line. También se quejan del coste que les puede suponer encargar a un asesor o un gestor formular la declaración.

Aunque la fecha limite para este declaración es el día 30, y la Agencia Tributaria no tiene un plazo establecido para responder, en estas fuentes se asegura que «vamos a hacer algo para que esto no vuelva a suceder».

En fuentes fiscales se asegura que lo que se ha hecho «es un disparate». Se puede exigir que las sociedades anónimas o las limitadas, o incluso los profesionales, o parte de los autónomos, mantengan relaciones informativas con la Agencia Tributaria con medios telemáticos, «pero no se puede pedir esto a un país en el que millones de ciudadanos no tienen acceso a internet». «Hay muchos propietarios de locales de más de 80 años que no saben lo que son las nuevas tecnologías o internet», añaden. «Parece que Hacienda quiere empujar a la gente a ir hacia la economía sumergidadonde no sufrirán estos problemas».

Las quejas de las organizaciones

Las quejas están llegando de incluso organizaciones profesionales. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha presentado un escrito ante el Justicia de Aragón para su tramitación al Defensor del Pueblo. El decano, Antonio Morán, señala que entiende y comparte el interés de la Agencia Tributaria por agilizar la atención a los ciudadanos con el incremento de las comunicaciones por vía electrónica. «Pero una medida aplicada con carácter general y de forma indiscriminada puede esconder una grave discriminación y restricción de los derechos hacia a aquellas personas que no están en condiciones de hacer uso de ella», señala. «La aparente sencillez de los medios electrónicos no es tal cuando se desconoce o no se domina su funcionamiento o simplemente se carece de los medios para contar los aparatos y conexiones necesarios, situación en la que se encuentran miles de personas. Y no sólo por cuestiones de edad o de cultura sino también por razones económicas».

También ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo,Alfonso Pacheco, en nombre del Forum Jurídico, que advierte que la ley de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos prevé en el artículo 27 que son los ciudadanos, y no la Administración, los que pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse.

Precisamente, para evitar decisiones como ésta, en el apartado sexto se establece que solamente las administraciones podrán establecer esta obligatoriedad por medios electrónicos cuando se trate de «grupos o colectivos que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos».

La economía sumergida ha aumentado en 60.000 millones desde 2008

Via ElEconomista.es

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida ha subido en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta alcanzar un total de 253.000 millones, de forma que ya supone el 24,6% del PIB español a cierre de 2012, siete puntos porcentuales más que en 2008.

El informe realizado por Gestha y la Universitat Rovira i Virgili recoge la evolución de la economía sumergida, que desde 2008, tras el estallido de la crisis, años no ha dejado de crecer en España. 

En concreto, ha pasado de los 193.626 millones, el 17,8% del PIB de ese año, hasta los citados 253.135 millones de 2012 (24,6% del PIB).

Para la realización del estudio se analizan las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del mercado inmobiliario, la renta per cápita, el PIB o el consumo eléctrico, entre otros.

Por comunidades, la que presenta una mayor tasa de economía sumergida es Extremadura, con un 31,1% de su PIB. Le siguen Andalucía y Castilla-La Mancha, con porcentajes del PIB superiores al 29%. Del otro lado, la más baja se localiza en Madrid, donde supone el 17,3% de su economía.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, denunció que "los gobiernos miran para otro lado" en la economía sumergida, para lamentar la "clara falta de voluntad política para enfrentarse a este problema y luchar contra el fraude".

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Montoro: la reforma fiscal traerá un IRPF "completamente nuevo"

Via ElEconomista.es

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes que la reforma fiscal que pondrá en marcha el Gobierno a partir de 2015 traerá un IRPF "completamente nuevo" y no se volverá a la situación en la que se encontraba este impuesto en 2011.

Montoro, en declaraciones a RNE, ha afirmado que "no sabe por qué se ha puesto de moda eso de volver a 2011", pues el objetivo de la reforma fiscal debe ser el de diseñar impuestos "nuevos y mejores".

"Haremos un impuesto nuevo"

"Vamos a hacer un impuesto completamente nuevo. Será equitativo, se contribuirá según la renta, según la capacidad económica, y estará acorde con los sistemas más avanzados de nuestro entorno", ha insistido Montoro al ser preguntado por qué piensa hacer con el IRPF.

El ministro ha señalado que este impuesto será uno de los "protagonistas" de la reforma, pero ha pedido esperar a que los expertos concluyan el informe que les encargó el Gobierno.

Eso sí, ha avanzado que la idea es que los contribuyentes "noten" en 2015 que se la ha bajado el impuesto sobre la renta "e incluso que seguirá bajando en años posteriores".

Preguntado por si el Ejecutivo se plantea subir el IVA, Montoro ha dejado claro que esa no es la intención en "modo alguno", porque este impuesto ya se ha elevado en esta legislatura. "Es otra de las leyendas que se han lanzado estos días", ha ironizado el ministro.

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Hasta las empresas estan en contra de la subida de las cotizaciones.

Un total de 22 patronales considera que si el Gobierno adopta esta medida pondrá en grave riesgo la creación de empleo y los síntomas de recuperación económica.

El Gobierno va a incrementar las cotizaciones sociales para lograr una "mayor equidad y transparencia en las retribuciones de los trabajadores", sin embargo, lo único que tiene claro el tejido industrial español es que esta medida paralizará la creación de empleo y por ende la recuperación económica del país.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra totalmente solo en la defensa de esta nueva norma, que obliga a las empresas a cotizar a la Seguridad Social por conceptos que hasta ahora estaban exentos, como los vales de comida, las dietas de transporte, las ayudas para guardería, los planes de pensiones, las stock options, las donaciones promocionales o los seguros médicos privados.

El Gobierno está solo

Ningún partido de la oposición ni sector empresarial apoya al Gobierno, que de nuevo ha hecho valer su mayoría absoluta para convalidar en el Congreso el Real Decreto que contiene estos cambios. Además, el presidente ha sido claro, por muchas negociaciones que se inicien con los agentes sociales, la obligación de cotizar por estos pagos en especie, que "no se va a tocar".

Para contrarrestar esta muestra de inflexibilidad y calmar los ánimos en la industria, Rajoy anunció el pasado jueves que se va a ampliar hasta el 31 de mayo el plazo para que las empresas se pongan al día con la Seguridad Social por este cambio de cotizaciones, que inicialmente estaba fijado para el próximo 31 de marzo.

Pero esta cesión no significa prácticamente nada para las empresas, que se reafirman en su posición de rechazo al Decreto 16/2013, y reclaman su retirada, por suponer un incremento desorbitado de las cotizaciones sociales y la presión fiscal sobre el empleo, además de desvirtuar la actividad de numerosos sectores. En este sentido, el secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, denuncia en una encuesta realizada por este periódico a 22 patronales, que "la medida reducirá la competitividad internacional de nuestro sector turístico, incrementando los costes de la restauración y de los hoteles". Asimismo, considera que "impone un cambio en la estructura del sector, poniendo al borde de la desaparición a restaurantes de grandes ciudades y polígonos industriales, donde se concentra un uso más importante del vale de comida".

El secretario general de la Confederación Española de Comercio, José Guerrero, comparte esta opinión, pues considera que esta medida "supone un varapalo para el poder adquisitivo del consumidor, que va a tener menos renta para destinar al consumo".

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, destaca que además de la hostelería la industria turística también se verá afectada. "Este sector fue el único que creó empleo neto (22.000 puestos de trabajo) en 2013 y con esta medida no se van a repetir estos datos", sentencia.

"La creación de empleo debería ser hoy el primer objetivo. Así nos lo ha advertido Obama, Barroso, el FMI, la OCDE... todo el mundo", destaca Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

Por su parte, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) entiende que la adopción de una medida de estas características debería contar con la consulta y el consenso previo de los agentes sociales. Coinciden en esto con la Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES), que recuerda que este sector lleva mucho tiempo reclamando una revisión de las cotizaciones.

Tasas elevadas

España es el cuarto país con las tasas más elevadas de la OCDE y según las cuentas del Gobierno este incremento reducirá los salarios en 75 euros al año. Para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), estos impactos no son aceptables "en un país con la tasa de desempleo que tiene España, ya que se crea una barrera para generar nuevos empleos".

Por su parte, la presidenta de Unespa, Pilar Gonzalez, asegura que se desincentiva al ahorrador, ya que por un afán recaudatorio, el Gobierno "castiga el ahorro real, el finalista, el ahorro para la jubilación, incorporándolo al salario a efectos de cotizaciones a la vez que sube un 5% las bases, es decir, un doble castigo".

Asimismo, la industria alerta de que estos cambios pueden generar problemas en las empresas por las modificaciones de los convenios colectivos. "Muchas compañías tendrán que eliminarlos o proceder a descuelgues de convenios o reducciones de plantilla", indica Pedro Fernández Alén, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Este es uno de los impactos que más afecta a la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebus), que solicita la retirada del Real Decreto, "porque su aplicación no está justificada ni en su contenido ni en su urgente aplicación y supone un ataque directo a la autonomía de la negociación colectiva".

En la misma línea, Manuel Pimentel, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, denuncia que estos cambios, "causan inseguridad y comprometen la capacidad de generar empleo cualificado y estable, uno de los principales de objetivos del sector".

Sector energético

El sector energético, que continúa inmerso en un proceso de reforma, valora muy negativamente esta medida. Así, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Eduardo Montes, recalca que "los aumentos en este tipo de costes también afectan a los resultados de las compañías, cuando lo importante es contribuir a la recuperación económica".

Por su parte, la patronal fotovoltaica (Unef) y la de productores renovables (Appa) destacan que cada vez son mayores sus cargas fiscal. "Hemos soportando ajustes brutales y casi nunca equitativos".

Así, Javier Rodríguez, director general de Acogen, denuncia que "la situación de la industria cogeneradora es crítica, por lo que cualquier medida de este tipo supone un nuevo daño colateral sobre el sector". Por su parte, la asociación siderúrgica (Unesid) asegura que "mientras el coste para empresarios y trabajadores es inmediato, los beneficios aducidos son opinables".

"La industria está haciendo enormes esfuerzos para mantener el empleo y una de las palancas más potentes de las que dispone el Gobierno para ayudarnos son precisamente las cotizaciones sociales", critica Aspapel. Asimismo, Asagua denuncia que el sector del agua ya se ha visto afectado por la fuerte disminución de las inversiones públicas, por lo que esto no ayuda a la recuperación del sector. "Va justamente en sentido contrario de la reducción de cuotas que prometió el Gobierno", aseguran las empresas gestoras de los servicios de agua (AGA).

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Cinco tácticas para que las empresas ahorren y sean más productivas

Via eleconomsista.es

Como cada año, y más en esto tiempos, en los que las mejoras macroeconómicas aún no han llegado a la economía real, las empresas se plantean las maneras de las que pueden minimizar los gastos innecesarios, que en ocasiones pueden llegar a afectar a los resultados.

Mikah de Waart, experto en motivación laboral, expone cinco maneras de reducir los costes en las empresas, y que además aumenten el nivel de productividad de la compañía. Factores que hay que tener en cuenta para asegurar la viabilidad de la empresa.

1. Mejorar el servicio post-venta

Los gastos pueden reducirse con mejoras en el servicio al cliente. Si se dispone de un equipo bien formado disminuye la posibilidad de que los clientes insatisfechos devuelvan un producto. Tener clientes satisfechos, aunque no ayude a reducir los gastos, aumentará el número de clientes.

2. Revisar los contratos

Es probable que haga bastante tiempo que se trabaje con los mismos proveedores, sin revisar los contratos acordados. Es importante estudiarlos, y buscar dónde es posible ahorrar. Por ejemplo, en ocasiones se puede ampliar las fechas de duración del contrato a cambio de reducir el los costes. En estas fechas la mayoría de contratos son susceptibles de ser renegociados.

3. Planificar correctamente

Organizar una reunión no es lo mismo que ponerse diariamente objetivos que cumplir. De Waart recomienda anotar día a día todas las metas que se quieren alcanzar, y fijarse un horario para conseguir la mayor eficiencia en el menor tiempo posible. Asimismo, señala que hay que eliminar cualquier cosa que pueda estar sujeta a distracción, como las redes sociales, que pueden llegar a ocupar una gran parte del tiempo productivo. Asignarse un tiempo límite aumenta la eficacia de cada acción planificada.

4. Reorganizar la mesa

Es un consejo que no siempre se tiene en cuenta, pero disponer de una mejor organización en el espacio elimina el estrés y hace que el trabajador sea más productivo. Reorganizar el despacho o la mesa de trabajo permite disponer de una mayor visión y llegar a gastar menos tiempo en esfuerzos improductivos.

5. Recortar gastos telefónicos

Para ahorrar en llamadas telefónicas se recomienda revisar periódicamente las tarifas y ajustarlas a las necesidades de cada empresa. Una opción que tiene cada vez más éxito es la de realizar llamadas por Internet, una manera sencilla y muy práctica de eliminar costes telefónicos.

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La reforma fiscal bajará la tributación del trabajo y mantendrá la del ahorro

La reforma fiscal que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy centrará la bajada impositiva en las rentas del trabajo. Según fuentes de Hacienda, el IRPF será menos oneroso para las percepciones de carácter laboral cuando se introduzca la modificación tributaria en la que aún trabaja el grupo de expertos, y cuyo informe definitivo todavía está pendiente.

La bajada de la fiscalidad de las rentas del trabajo en el IRPF se trata de un primer paso en la intención de aligerar la carga tributaria, generando incrementos de la demanda interna que alienten la actividad. ¿Qué problemas traería bajar IRPF y subir el IVA?

Menor IRPF para el trabajo

A esa merma de la tributación de las rentas del trabajo en el IRPF se pretende añadir, en adelante, bajadas de las cotizaciones sociales. Ello a medida que los vientos de recuperación vayan permitiendo hacer concesiones. La pretensión es que la diferencia entre el salario bruto y neto vaya estrechándose.

Por lo pronto, el Gobierno ya ha aplazado hasta mayo la puesta en marcha de la cotización por las retribuciones en especie, introducida a finales de 2013 en Consejo de Ministros. 

Con todo, la bajada del Impuesto sobre la Renta que incluye la verdadera reforma fiscal que prepara el Gobierno no prevé alterar la tributación del ahorro (entre el 21 y el 25%, según tramos). 

No están previstos tampoco incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo, normalmente asociado a la previsión complementaria de los ingresos postjubilación.

El Gobierno calcula que el ensanchamiento de las bases imponibles asociado a la salida de la recesión y a las previsiones de crecimiento hará posible mantener la recaudación pese a la rebaja de parte del Impuesto sobre la Renta. Es decir, fía a la recuperación el mantenimiento de los ingresos tributarios.

El IVA seguirá en el 21%

En consecuencia, el Ejecutivo descarta actuaciones sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido para compensar la bajada que va a operar en el IRPF.

Fuentes de Hacienda niegan rotundamente que el tipo máximo del IVA vaya a elevarse al 23% durante esta legislatura, lo sugieran o no expertos u organismos internacionales. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se dejó ayer claro que no se adoptarán todas las propuestas del grupo de trabajo -encabezado por el catedrático Manuel Lagares- que evalúa el sistema tributario español y diseña alternativas y posibilidades de reforma del entramado tributario.

También queda descartado que bienes y servicios gravados con IVA reducido vayan a pasar a tributar al tipo máximo. Sobre todo, teniendo en cuenta que a Hacienda sólo le quedaría margen de actuación sobre ciertos productos de la cesta de la compra, sobre el transporte, la hostelería y el turismo, ramas especialmente sensibles en este momento de salida de la recesión como para ser gravadas a un tipo superior. 

El Gobierno también pretende ahondar en su lucha contra el fraude, en general y en particular, y el IVA es uno de los tributos en los que se reserva futuras actuaciones en este sentido. Pero será gradualmente y a medida que se vaya avanzando con la reforma.

Deducción por vivienda

Otro de los descartes del Gobierno sobre las líneas de propuesta en las que trabaja el comité de sabios es la retirada de la deducción por compra de vivienda habitual con carácter retroactivo. El Ejecutivo no pretende actuar en esa línea y la deducción se mantendría como hasta ahora para quienes aún la disfrutan, por haber adquirido su residencia habitual con anterioridad al ejercicio 2013. 

Impuesto de Sociedades

En cuanto a la tributación en el Impuesto sobre Sociedades, con la futura reforma fiscal el Ejecutivo seguirá en la misma línea que emprendió desde comienzos de la presente legislatura: ahondar en la simplificación, retirar deducciones e incidir más en la tributación de los grandes contribuyentes bajo el argumento de que son estos grandes grupos los que tienen el reconocimiento del mercado, los que están desapalancándose y en condiciones de propiciar un efecto riqueza sobre la sociedad y las familias contribuyendo también a financiar la Hacienda Pública. 

Bajadas ya en marcha

El Gobierno destaca, además, que sin estar en marcha la reforma fiscal, ya se ha empezado a bajar la tributación y que se seguirá gradualmente en esa línea. 

El primer paso fue la Ley de Emprendedores, señalan desde Hacienda, una ley aprobada el pasado septiembre, y que introdujo el criterio de caja en el IVA, que beneficia a 1,3 millones de autónomos y a un millón de pymes. Este colectivo no tendrá que adelantar los 1.000 millones de euros por facturas no cobradas que sí se veían obligados a abonar a la Administración en años anteriores 

Dicha ley también amplió la tarifa plana con la Seguridad Social para todos los nuevos trabajadores por cuenta propia, al margen de su edad. Esta medida permite que, durante los seis primeros meses de vida de su negocio, los autónomos sólo tengan que pagar una cuota de 50 euros al mes, que se eleva a 125 euros los seis meses siguientes y a 175 euros el semestre posterior. Algo que supone un ahorro en cotizaciones de 2.000 euros para cada emprendedor el primer año. 

Bajo el paraguas de la Ley de Emprendedores, el Gobierno también introdujo incentivos fiscales para los autónomos, persona física, que coticen por IRPF y reinviertan sus beneficios en la actividad (que supondrá para los emprendedores un ahorro de unos 650 millones). Y entre otras medidas se incluyen, además, los incentivos fiscales a la I+D+i o las deducciones a los business angels y al capital semilla (con un coste de 6 millones y que podrían afectar a más de 1.000 empresas). 

Los postulados

En cualquier caso, los postulados básicos de la futura reforma fiscal y sus objetivos se resumen en tres: luchar por la simplificación tributaria, limpiar el sistema fiscal español de la panoplia de deducciones que lo caracterizaban y, por último pero no menos importante, sentar las condiciones para incrementar las bases de crecimiento, el objetivo último de la política tributaria, que es alentar la demanda interna y, como consecuencia de ella, la actividad y el empleo. Todo ello dentro del handicap que acompaña a la recaudación española: nuestro país logra menos ingresos tributarios en porcentaje de PIB que la media europea y que la mayoría de nuestros socios comunitarios.

El calendario

El comité de sabios que prepara la reforma fiscal agotará su plazo de trabajo, y sigue practicando evaluaciones, simulaciones y propuestas. Tendrán que entregarle al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, su informe a finales de febrero. La intención del Ejecutivo es activar la reforma rápidamente, algo que hace incluso prever su posible aprobación durante el mes de marzo, para poder contar así con tiempo suficiente para su tramitación parlamentaria a lo largo de 2014, de forma que en 2015 entren en vigor varias de sus medidas, como indicó el presidente, Mariano Rajoy, el pasado lunes, durante una entrevista televisiva. Recordemos, además, que el jefe del Ejecutivo ha anunciado un nuevo elenco de medidas y reformas que hará público en abril. 

Financiación autonómica

Como derivada de la reforma tributaria, el Gobierno trabaja también en una modificación del modelo de financiación autonómica. Más controvertida de lo habitual, al desarrollarse en pleno órdago soberanista catalán. El paso previo será la próxima publicación de las balanzas fiscales, un instrumento de valoración comprometido que nunca deja conformes a las distintas sensibilidades autonómicas y cuya confección genera amplios debates. Pero lo que a día de hoy tiene claro el Ejecutivo es que no va a deparar un tratamiento especial para Cataluña en la futura reforma de la financiación autonómica. 

El ministro Cristóbal Montoro acudirá el viernes a Barcelona, con motivo de la Convención Política del PP catalán, con una serie de "argumentos económicos" sobre la financiación de Cataluña y del resto de autonomías. Así lo aseguró ayer en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre qué argumentos está preparando para rebatir los planes soberanistas que impulsa el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el apoyo de ERC. 

A ese cónclave del PP catalán, que se celebra el viernes y el sábado, asistirán también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. El partido se quiere presentar como "el único capaz de evitar la consulta", en palabras de la presidenta de la formación en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. 

Objetivo: la demanda interna

El Gobierno fía la recaudación al crecimiento y al ensanchamiento de las bases imponibles que éste produce. Por tanto, pretende dirigir la reforma tributaria a la elevación de la demanda interna. Por ello, su primera opción es rebajar la carga tributaria que soportan las rentas del trabajo, como impulso al consumo, la actividad y el empleo. 

Privatizaciones

Desde Hacienda se considera que el grueso de los ajustes de las Administraciones Públicas ya está hecho y que ya se ha contenido el coste de la nómina del sector público. Se aboga por la reducción de la cifra de empresas públicas vía cierres más que a través de las privatizaciones como caso general, destacándose que en algunos casos la cantidad percibida por la privatización supone una pérdida correlativa de ingresos, que se transfieren del sector público al privado. 

Reformas combinadas

El Gobierno aborda 2014 blandiendo una serie de reformas que darán su fruto combinado en lo que resta de legislatura. En este sentido, destaca la activación de la reforma local, la ley de racionalización del sector público, la ley de Transparencia, la ley de Factura Electrónica, y la que aborda el control de la deuda comercial para contener la morosidad en los pagos.

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Los expertos proponen rebajas de IRPF, Sociedades y cotizaciones con subidas de IVA y Especiales

El comité de expertos al que ha encargado el Gobierno la reforma fiscal que prometió para finales de febrero ya tiene listas sus propuestas. Parece que los 'sabios' que asesoran a Cristobal Montoro tienen claro que hay bajar el IRPF, Sociedades y la cotizaciones y a su vez compensar estas bajadas con la eliminación de deducciones y un aumento del IVA y los impuestos al alcohol y el tabaco. ¿Qué problemas traería bajar el IRPF, eliminar deducciones y subir el IVA?

Así lo publica el diario Expansión, que detalla más informaciones anteriores de otros medios como El Mundo o elEconomista.es. Dentro de la propuesta del comité también destaca una reducción de las competencias fiscales de las Comunidades Autónomas con supresión de impuestos como el de depósitos, algo que podría provocar tensiones con regiones como Cataluña.

Menos IRPF y más impuestos a la vivienda

En cuanto a la rebaja del IRPF, no se conocen todavía las cifras, aunque debería ser principalmente a las rentas medias y bajas. Destaca también la petición de la eliminación de la deducción por la compra de vivienda para todo el mundo (el Gobierno ya la quitó en 2013 para todos los nuevos compradores), una medida polémica con la que se ha estado especulando en los últimos meses. 

Precisamente, para evitar el coste político, se plantearía la eliminación de forma progresiva durante 3 o 4 años, aunque significaría una vez más que el Ejecutivo se desdijera de sus promesas: en diciembre aseguró que esta eliminación de la desgravación no formará parte de la reforma fiscal.

La eliminación de la desgravación por vivienda no sería la única subida para los que tengan una casa en propiedad. Los expertos recomiendan recuperar la imputación de renta presunta por vivienda habitual o, en su defecto, subir todavía más el IBI.

En cuanto a las rentas de capital, se plantea mantenerlas en los niveles actuales, con impuesto dual de tipo único cercano al mínimo del IRPF. También abogan por no modificar la tributación de los planes de pensiones. 

Rebaja de Sociedades

Asimismo, la recomendación en cuanto a la tributación emrpesarial es implantar un tipo único en Sociedades del 20%, frente a los diferentes niveles que hay ahora: 30% para las grandes y 20 o 25% para las pymes dependiendo de su tamaño. La rebaja se haría en dos tramos: una rebaja al 25% ahora y una segunda reducción hasta el 20% en los próximos cuatro años.

Para compensar esta bajada, el comité sugiere que se eliminen deducciones, especialmente aquellas que premian la financiación externa (que sí es deducible), sobre la interna (que no es deducible).

Subidas del IVA

En línea con el espíritu general de la reforma, que es reducir la tributación directa e incrementar la indirecta, los expertos designados por Montoro proponen subir el IVA. El tipo máximo se podría elevar del 21 al 22-23% y el superreducido del 4 al 5%. 

En cuanto al reducido, actualmente en el 10%, proponen aumentarlo, ya que el promedio de la UE es del 13% y la tendencia es que llegue hasta el 15%. Eso sí, piden que ese nivel del 10% se mantenga solo para la hostelería y restauración, tal y como ha prometido el Gobierno en múltiples ocasiones. Montoro niega que el IVA vaya a subir "esta legislatura".

No hay detalles sobre una posible rebaja del IVA cultural, aunque el ministro José Ignacio Wert prometió estudiarlo durante el pasado Ágora de elEconomista.

De subir las bases del IVA, el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvería de nuevo a no cumplir con lo prometido, ya que siempre ha dejado caer que podría haber una reclasificación de los productos de un nivel a otro, pero que no habría subidas de los tipos, justo lo que propone ahora el comité de 'sabios'. 

Impuestos especiales

Los expertos también apuntan a una armonización de los impuestos verdes (gasolina), del alcohol y del tabaco en línea con Europa. En la práctica esto implica una subida, ya comparativamente en España se paga menos.

Asimismo, piden que el impuesto de Circulación grave la contaminación, las emisiones y, sobre todo, el parque más antiguo de automóviles.

Eliminación del régimen de módulos

En cuanto a los autónomos, la propuesta más destacada es la supresión del régimen de módulos, lo que significa que los trabajadores por cuenta propia pasarían a tributar por la estimación directa de sus ingresos. 

Los expertos proponen que el régimen de módulos se aplique solo a los autónomos con niveles de renta muy bajos.

Fuente: El Economista

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Según una encuesta el 50% de pymes y autónomos creen que beneficios caerán en los próximos 12 meses

Un 50% de las pymes y autónomos españoles considera que sus beneficios caerán en los próximos 12 meses, frente a un 13% que creen que mejorarán y un 37% que espera que se mantengan, según una encuesta internacional realizada por Ipsos para Axa.

Estas perspectivas se producen tras un año de reducción de beneficios. Así, el 83% de los encuestados asegura haber reducido sus beneficios en los últimos meses, frente a un 4% que los mejoraron y un 13% que los mantuvieron.

En cuanto al volumen de negocio, a pesar de que el 77% de ellos vio empeorar sus ingresos en los últimos meses, solo el 41% espera que la situación continúe empeorando este año, mientras que un 21% prevé que mejore y un 38% que se mantenga.

Situación laboral

En lo que a la situación laboral se refiere, el 26% de los encuestados reconoce haberse visto obligado a reducir sus plantillas, pero solo el 15% espera seguir haciéndolo en 2014, mientras que un 7% prevé aumentarla y un 78% mantenerla el próximo año.

La encuesta refleja además que el sector exterior sigue siendo una "asignatura pendiente". Así, el 90% de pymes y autónomos españoles asegura no haber vendido fuera de las fronteras nacionales en los últimos meses y tampoco tiene previsión de hacerlo en el corto plazo. Asimismo, un 96% descartan la apertura de negocios en otro mercados que no sean el nacional.

Para el director de Empresas de Axa, Kristof Vanooteghem, la encuesta refleja el "moderado" optimismo que está empezando a impregnar al tejido empresarial español. "Los indicadores generales de negocio inducen a pensar que las empresas habrían tocado fondo, y cada vez son más las que esperan una mejora del volumen de negocio, de los beneficios y de la destrucción de empleo", ha asegurado Vanooteghem.

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Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano

La Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia en la que arremete contra las prácticas del Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), esta vez por un caso en el que la Administración se negó a devolver a un contribuyente una suma pagada indebidamente, basándose en que el interesado tardó más de cuatro años en reclamar esa cantidad.

Según la sentencia, dictada el pasado 19 de diciembre de 2013, de la que es ponente el magistrado Navarro Sanchís, el derecho a la devolución de una cantidad autoliquidada a devolver, reconocida en una resolución administrativa firme del propio Teac, no puede prescribir a los cuatro años. En otras palabras, no puede aplicarse el plazo de prescripción que recoge el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (LGT), utilizado por Hacienda para negarse a la devolución. Dicho artículo fija que prescribirá a los cuatro años "el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías", entre otros puntos.

En este caso, la recurrente solicitó la devolución de un pago indebido en concepto de Impuesto sobre Sociedades, apoyándose en una resolución estimatoria del Teac. Sin embargo, la Delegación de la Aeat competente no tuvo constancia de ello -por lo que no devolvió el dinero- y, ante la reclamación del interesado -que se produjo transcurridos más de cuatro años desde que se dictó la resolución-, denegó tal pretensión argumentando que se había cumplido el plazo de prescripción.

Ejecución de una "resolución firme"

Según el fallo, es "erróneo considerar que el plazo para promover la devolución de los ingresos indebidos, establecido en el artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (...), rige en este concreto asunto, precisamente porque aquí no se trata, en modo alguno, de reclamar ese derecho, abstractamente considerado y dirigido a la Administración, para obtener la devolución de un ingreso indebidamente efectuado".

Al contrario, se trata de "hacer cumplir, en sus estrictos términos, las resoluciones firmes de los órganos administrativos que ejercen una función revisora", todo ello teniendo en cuenta que acudir a estos tribunales administrativos supone un trámite obligatorio "antes de que pueda accederse a la tutela judicial a cargo de Tribunales independientes", y dándose por supuesta "la eficacia de tales resoluciones". No se trata, por tanto, de calificar la pretensión, "como inmotivadamente hace el Teac, como una devolución de ingresos indebidos, sino de la ejecución de una resolución firme y favorable, que es algo netamente distinto y cualitativamente más intenso en cuanto a la fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme".

Descartada la aplicación del artículo 66 de la LGT, la Audiencia se apoya en la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo y, por analogia iuris, fija que, si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la acción para reclamar el derecho ganado en sentencia firme -y tampoco establece un plazo particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo ejecutoriamente resuelto ante la Administración-, "es razonable considerar que rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolución firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil".

Y es que, según la Audiencia, "hay un interés público en que las resoluciones [del Teac] se lleven a puro y debido término, en un esquema semejante al que rige para las resoluciones judiciales".

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Fátima Báñez cuela otro incremento de las cotizaciones a los autónomos

En el decreto del puente de Navidad, que amplió la contratación a tiempo parcial para los emprendedores, el Gobierno coló una nueva subida de cotizaciones a los autónomos. Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), este cambio puede afectar a la contratación de trabajadores ya que supone un incremento de las cotizaciones para 1,3 millones de empleados por cuenta propia, el 43% de este colectivo.

En la letra pequeña del decreto, es decir, en una disposición adicional, el Ejecutivo modificó el actual sistema de cotización en 2014 para los autónomos societarios (socios trabajadores con el control efectivo de la sociedad o socios de pequeñas empresas laborales), administradores y personas físicas que hayan tenido contratados en el ejercicio anterior (2013) a diez o más trabajadores por cuenta ajena.

La Seguridad Social recaudará unos 100 millones de euros más

Según este cambio, la base mínima de cotización para 2014 tendrá una cuantía «igual a la correspondiente para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General» de la Seguridad Social. Así, la base mínima ya no será de 875,70 euros sino de 1.051,50 euros, que corresponde a ese primer grupo de cotización del Régimen General. Por tanto, estos 1,3 millones de autónomos deberán pagar cada mes 314,40 euros frente a los 261,83 que les hubiera correspondido de no haberse realizado este cambio. Esta última cifra también ha sido modificada, ya que las bases mínimas de cotización de los autónomos, por la que pagan sus cuotas casi el 90% de estos profesionales, han sido actualizadas con un 2% en los Presupuestos Generales del Estado (en 2013 abonaban 256,72 euros). Por su parte, las bases máximas del Régimen General han subido un 5%.

Todo esto se traduce en un incremento neto para estos autónomos de 52,56 euros mensuales. Es decir, unos 630 euros anuales para por ejemplo muchas peluquerías o talleres mecánicos.

Aunque esta medida no se va a aplicar en 2014 a los nuevos autónomos que causen alta inicial en el Régimen Especial, la equiparación a la base mínima de los trabajadores por cuenta ajena supondrá para las arcas de la Seguridad Social unos ingresos de 100 millones.

Según fuentes del Gobierno, con esta medida se pretende evitar que haya muchos autónomos que, como sucede ahora, opten voluntariamente a pagar por la base mínima cuando sus trabajadores tienen obligatoriamente una cotización por una base superior. Hasta ahora sólo los autónomos con más de 30 trabajadores en nómina estaban obligados a cotizar por la base mínima de sus empleados.

Por su parte, ATA considera que este cambio puede perjudicar a la contratación, ya que algunos profesionales se pensarán si superan o no esos diez trabajadores en plantilla porque se verán afectadas sus cotizaciones. ATA entiende que lo que hay que hacer es calcular bien los rendimientos netos que obtiene este colectivo, sobre los que aplicar la cotización, en lugar de subir las cuotas en función del número de empleados.

Cambios en los trabajadores del Régimen General

También este decreto incorpora cambios en la cotización de los trabajadores del Régimen General con efectos de diciembre, aunque se facilita un plazo hasta finales de marzo para la liquidación. En concreto, fija los nuevos conceptos computables para determinar las bases de cotización. La Seguridad Social considera que los empresarios y empleados deben pagar las cuotas derivadas de cualquier retribución «monetaria o en especie». Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación «el importe de todos los conceptos retributivos abonados».

Aunque la idea es que cotice cualquier salario en especie que tributa a Hacienda, en el decreto no se hace mención alguna a los conceptos que deben incorporar las empresas. Sólo se hace mención a que «las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas», como por ejemplo en los despidos, «serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato».

Se aclara que no computarán en la base de cotización las asignaciones para gastos de locomoción en transporte público,dietas (en la cuantía que determine el IRPF), las indemnizaciones por fallecimiento, traslado o despido (según la cuantía establecida en el Estatuto de los Trabajadores) o las horas extraordinarias.

Por tanto, sí es salario en especie, y por tanto, cotiza, el seguro médico abonado por las empresas a los trabajadores, el plus de transporte que por ejemplo tienen muchos empleados públicos, vestuario, cursos o el abono y reducciones en los recibos de empresas suministradoras de luz, agua, gas o teléfono. En fuentes oficiales reconocen «la opacidad» de las empresas en facilitar información sobre la «amplia gama» de estas retribuciones.